Algunos se iban quedando en sus casas más cercanas a Santa Fe, mientras que el grueso del grupo retornaba a sus poblados en diferentes lugares del Virreinato, en especial, de la región de Santander; tierra de los principales cabecillas. No podían creerlo, fueron aceptadas las 35 capitulaciones que representaban los intereses de los agricultores, comerciantes, artesanos y hasta indígenas y criollos ricos. La alcabala y demás impuestos bajarían y, en general, mejorarían las condiciones de vida.

Por su parte, la comitiva oficial se demoró un poco más en Zipaquirá y sus mediaciones, tratando de apaciguar a los rebeldes rezagados. Y por fin, de regreso a la capital virreinal, se sintieron mucho más seguros con la gendarmería que en forma apresurada había regresado de Cartagena. El regente, Francisco Gutiérrez de Piñeros -quien en forma diligente y severa había aplicado las nuevas políticas económicas borbónicas-, no regresó; seguía temeroso de "la plebe sublevada". El arzobispo-virrey, tan ilustrado como práctico, sabía la fórmula para retroceder el entuerto: una misa solemne en la catedral y un Tedeum justificaría ante Dios y agradaría al rey la ruptura de las capitulaciones y la orden a toda la guardición de perseguir y apresar a los rebeldes.

En enero de 1782 empezaron las ejecuciones, las torturas, el cadalso y las deportaciones. El cacique Ambrosio Pisco fue encarcelado en Cartagena. José Antonio Galán y tres de sus compañeros fueron ahorcados y sus miembros repartidos por todas las capitales de provincia para el escarnio público y paradójicamente, como semilla para las futuras luchas por la libertad”.